martes, 29 de octubre de 2013

La herencia que rechazamos


    



El primero de diciembre de 2012 concluyó el período en el que Felipe Calderón Hinojosa ocupó el despacho de la presidencia de la república; con este hecho concluyó también el período de gobierno del Partido Acción Nacional (pan) iniciado en el año 2000. Los resultados de las elecciones de julio de 2012 sintetizaron la reprobación social que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón acumularon en doce años de gobierno: según los datos definitivos del Instituto Federal Electoral solamente un 26% de los 50 millones de ciudadanos que acudieron a las urnas votó por la continuidad del pan en la presidencia de la república.

La alternancia partidaria en el poder ejecutivo federal no trajo consigo nuevas políticas en los diferentes ámbitos de la vida nacional ni tampoco nuevas formas de ejercicio del poder. El crecimiento de la pobreza y la desigualdad en la distribución de la riqueza, la corrupción y el dispendio de los recursos públicos, el crecimiento de la inseguridad y las graves consecuencias de la estrategia de combate al crimen –incluida la muerte o desaparición de un número incalculable de personas inocentes– son solamente algunos de los graves saldos que nos heredan los gobiernos del pan.

Desde el principio de su gobierno Felipe Calderón y su equipo hicieron gala de su desconocimiento de la educación pública y de su falta de ideas para transformarla. Solamente recordemos que en el comienzo de su administración Felipe Calderón convocaba –siempre de la mano de Elba Esther Gordillo– a la transformación educativa con la finalidad de lograr "un México de campeones". La falta de ideario y programa en materia educativa era evidente; así se manifestó en el Programa Sectorial de Educación 2006-2012 (pse): constituía una miscelánea de acciones donde lo único claro era la obsesión por "evaluar", mediante pruebas escritas, el desempeño de maestros y el aprendizaje de los estudiantes cada año; en este último caso estableció las metas a alcanzar para cada tipo de prueba. Los demás rubros del pse consistieron en una multitud de objetivos e "indicadores" sin orden ni concierto, ni diagnóstico de soporte.

Por otra parte, la vocación pragmática de Felipe Calderón orientada a la conservación del poder en manos de su grupo político (cosa que, entre cosas, lo llevó a enterrar el ideario histórico del pan frente a las mafias sindicales y su corrupción), su soberbia y, también, la aguda necesidad que él tenía de reconocimiento a su persona como héroe nacional contemporáneo –rasgo que han denunciado varios de sus excorreligionarios– fueron los ingredientes cuya combinación resultó en un gobierno autoritario frente a la crítica pública o la protesta social y, al mismo tiempo, dócilmente subordinado a los grupos económicos y políticos (los llamados "poderes fácticos") que le ofrecieron respaldo para lograr su "legitimidad por desempeño", la misma fórmula que el pan acuñó para justificar su alianza con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, tras las controvertidas elecciones de 1988.
La señal definitiva de la política sexenal hacia la educación fue el nombramiento de Fernando González Sánchez, yerno de Elba Esther Gordillo, como subsecretario de Educación Básica en diciembre de 2006, una parte del pago que Calderón pactó por urgencias electorales un poco antes de las elecciones de ese mismo año según señaló años después la señora Gordillo y, bajo presión de la prensa, tuvo que reconocer el propio Felipe Calderón, con un agregado ignominioso: 'solamente respeté un acuerdo ya establecido con el presidente Vicente Fox'; en realidad aumentó las prebendas –en efectivo y en puestos en la administración pública– a uno de los grupos políticos más corruptos y dañinos que ha controlado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte).

De entonces en adelante la subsecretaría de Educación Básica operó como una entidad autónoma, sin la intervención del titular de la sep en turno: ni Josefina Vázquez Mota, ni Alonso Lujambio y mucho menos José Ángel Córdova lograron –o intentaron– dirigir la política hacia la educación básica, salvo el agregado de "programas especiales" que terminaron abultando las exigencias hacia las escuelas y maestros hasta hacer de su tarea una misión imposible, en serio.

Casi como consecuencia natural de este pacto siguió la suscripción de la Alianza por la Calidad de la Educación (ace) entre el Poder Ejecutivo y Elba Esther Gordillo, quien tampoco consultó a los "órganos de gobierno" del snte esa decisión, procedimiento nada nuevo en esos organismos formales de la estructura sindical. La ace no era sino la parte central de la política educativa –el Programa Sectorial de Educación (pse) con todas sus deficiencias– administrado por un comité sep-snte: el "cogobierno" en materia educativa demandado por el snte se instaló plenamente en la llamada "Comisión Mixta sep-snte  Alianza para la Calidad de la Educación". Así el tradicional dominio que las dirigencias nacionales y estatales del snte han ejercido –desde tiempos de Carlos Jonguitud y su grupo "Vanguardia Revolucionaria" (la cuna de Gordillo)– en los "puestos operativos" de la administración de la educación en los estados se extendió con la genuflexión de Felipe Calderón ante Elba Esther Gordillo: secretarías y subsecretarías de educación básica de los estados, además de los mandos estatales de cada nivel educativo han sido designados durante todo el sexenio por la jefa de jefes y sus comandantes de sección en cada entidad federativa. Si quien ostentó el máximo cargo de poder de la República se doblegó grotescamente ante ella, ¿acaso algún gobernador intentó, al menos, ejercer sus facultades legales en el gobierno de la educación pública? Tal vez algunos lo hicieron pero no lo sabemos. Solamente la investigación histórica despejará esta duda.
    
¿Qué nos hereda la administración de Felipe Calderón? En primer lugar una mafia sindical con un enorme poder económico y político que controla el sistema educativo, este hecho es quizá lo más grave; también nos deja la Reforma Integral de la Educación Básica, tan pretenciosa como incomprensible por la abigarrada mezcla de perspectivas curriculares incompatibles entre sí, además de su pésima estructura y redacción: supuestamente los programas están formulados por competencias, pero en realidad establecen una enorme cantidad de temas, acompañados de una jerga pedagógica que en lugar de precisar lo que es importante que aprendan los estudiantes, provocan confusión, desorientación y desinterés entre los maestros. Junto con esta última nos deja unos libros de texto con problemas conceptuales, de información y diseño didáctico, los peores en la historia del libro de texto gratuito. Pero veamos los logros que el titular del poder ejecutivo federal reivindicó como propios.

En su sexto y último informe de gobierno Calderón proclamó la universalización de la educación primaria y anunció que la misma etiqueta correspondería a la educación secundaria en el ciclo escolar 2013-2014, proclamó –como sus principales logros– el concurso para el ingreso al servicio docente y un nuevo sistema de estímulos para los profesores con base en los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
a) La alusión exclusiva en el informe presidencial a la universalización de la educación primaria oculta el déficit de cobertura de la educación obligatoria
Desde mediados de los años setenta la matrícula de educación básica ha tenido –aunque con altibajos, como en el sexenio (1982-1988)– un crecimiento acelerado, pero lo cierto es que una gran parte de la población en edad escolar sigue sin posibilidades de acceder a la escuela; en los años recientes la
acción de los grupos delincuenciales en un vasto sector del territorio nacional ha llevado a la suspensión de los servicios educativos en muchas localidades, un hecho que se mantiene casi oculto. Para el ciclo escolar 2011-2012, según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la tasa bruta de escolarización del grupo de edad que corresponde a la educación obligatoria (3 a 17 años) fue de 88%, lo que significa que casi 4 millones 200 mil niños y jóvenes –especialmente infantes de tres años (preescolar) y adolescentes de 15 a 17 años (bachillerato)– no tuvieron posibilidad de acceder a servicio educativo alguno. Además, la deserción escolar sigue afectando a cientos de miles: en el ciclo escolar 2010-2011 abandonaron la escuela 105 mil alumnos de primaria, 342 mil de secundaria y 625 mil del nivel medio superior.
b) Un concurso de ingreso al servicio docente arbitrario e injusto 
 
En este punto Felipe Calderón celebró:
 
"… hoy, las plazas de docente no se regalan ni se venden, como era antes. Se concursan y las ganan las maestras y los maestros más aptos. Lamentablemente, en algunos estados, pocos, se sigue la práctica de asignar plazas discrecionalmente. Pero no es la regla. […] Por otra parte, establecimos… un sistema de estímulos económicos que premia la calidad educativa y el avance de la enseñanza. Es decir, si el alumno aprende, al profesor le va mejor, gana más."

En virtud de que la selección se realiza mediante una prueba de lápiz y papel, y tomando como fuente los confusos programas de la rieb, es imposible hacer una valoración integral de los sustentantes, particularmente de sus capacidades para la práctica educativa y su compromiso con el trabajo educativo, como comentamos en el número 55 de Cero en Conducta; esta mención oculta que en muchas entidades federativas se somete a concurso solamente una parte de las plazas disponibles y la otra sigue siendo utilizada por líderes sindicales y funcionarios para hacer negocio o premiar a sus leales. Es necesario realizar un seguimiento de los profesores que han ingresado al servicio por este medio para verificar si efectivamente poseen las aptitudes para desempeñar la función y evaluar la práctica docente.
c) Un sistema que estimula el logro de aprendizajes irrelevantes y fomenta la corrupción
Desde 2008 se han destinado 2,600 millones de pesos para estimular a los maestros en función de los resultados de aprendizaje de sus alumnos (Programa de Estímulos a la Calidad Docente) obtenidos en la prueba enlace y en la evaluación del factor de preparación profesional de Carrera Magisterial, dos instrumentos de evaluación inútiles para valorar la calidad de la práctica educativa y sus resultados; se sigue pensando que el aprendizaje de los estudiantes depende solamente del maestro en turno sin contar con la influencia de profesores de grados anteriores y la influencia cultural familiar, con lo que otorga premios inmerecidos en unos casos y, en contraparte, se comete la injusticia de no premiar a quienes lograron realmente los avances en otros, como señalamos en el número citado de nuestra revista. Además al tomar como base la prueba enlace se estimulan –con excepciones seguramente– las prácticas repetitivas, de entrenamiento para la prueba y hasta prácticas deshonestas en las que incurren ciertos maestros con la finalidad de mejor su situación laboral y salarial.

Sin ideario ni metas claras, en total ayuno de conocimiento sobre la educación pública y prestos para ponerse al servicio de los llamados poderes fácticos las administraciones de Calderón y Fox han heredado un desastre en todos los rubros de la educación básica y en otros niveles de la educación pública– como la formación inicial de profesores y las políticas compensatorias dirigidas a servicios educativos que funcionan en condiciones precarias– que no alcanzamos a comentar ahora. Esta herencia es un grave retroceso y una pesada carga para todos: para las maestras y los maestros, para las autoridades estatales y directivos escolares que asumen responsablemente su labor y, también, para quienes –desde el gobierno– aspiren a mejorar la educación de las niñas, los niños y adolescentes mexicanos. Observamos el fracaso de una estrategia que consistió en presionar al magisterio de base mientras se premiaba a la mafia que usufructúa su representación.
¿Serán capaces las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación Pública de imaginar e implementar estrategias y acciones para superar los problemas y programas que heredan? Nosotros proponemos rechazar la herencia: revisar y desechar prácticamente toda la obra en materia de planes y programas de estudio, política de formación continua, programas extracurriculares, evaluación del desempeño docente y del aprendizaje, entre otras. Ni modo, es necesario comenzar de nuevo. Urge una política educativa coherente que reivindique la labor magisterial y la incorpore cabalmente al proceso de transformación que requiere la escuela pública.

Cero en Conducta